TRABALENGUAS: OPACIDAD, CARACTERÍSTICA DE NUEVOS GOBIERNOS

La opacidad y falta de rendición de cuentas es característica de la mayoría de los gobiernos estatales emanados de Morena, y prueba de ello es el retroceso que, en materia de transparencia presupuestaria han registrado 13 estados de la República, entre ellos Michoacán.

Según estudio del Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE) del Instituto Mexicano para la Competitividad, indica que persisten las malas prácticas como presupuestos fantasmas o sin recursos asignados, ilegibles e inconsistentes, como en los casos de Durango, Morelos y Zacatecas.

Los subsidios, fideicomisos y financiamiento a partidos políticos son los temas más opacos en la elaboración y publicación del presupuesto.

De acuerdo al análisis, los cambios de gobierno ponen en riesgo la transparencia presupuestaria como sucedió con varias gubernaturas que se renovaron en 2021, muchas de ellas ganadas por Morena.

Detalla que para el ejercicio fiscal 2023, siete de las 15 entidades que tuvieron elecciones en 2021 retrocedieron en promedio 6 por ciento en el BIPE.

Los tres estados con calificaciones más bajas son Guerrero con 69.8 por ciento; Sonora con el 76.7 por ciento, y Michoacán con el 78.5 por ciento.

El estudio indica que estos resultados, reflejan la falta de continuidad en las políticas públicas y la incapacidad de las nuevas administraciones para aprovechar y construir sobre los avances de las administraciones pasadas.

Habría que recordarles a las autoridades de las entidades más cuestionadas, que en nuestra Carta Magna se consagra el derecho que tiene toda persona al acceso a la información que administren y generen los entes públicos, siendo el Estado quien debe garantizar dicho derecho.

Los gobiernos –federal, estatal y municipal– deben observar dos mecanismos generales para cumplir con su obligación de garantizar dicho derecho: poner a disposición de la población y de manera periódica, aquella información que señalan las leyes en materia de transparencia, así como proporcionar la información específica que cualquier persona le solicite.

De tal suerte, los gobiernos estatales deben tener claro que los recursos humanos, materiales y financieros no son de las instituciones, sino que éstas únicamente los administran y, al hacerlo, se deben observar los principios de eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia, fundamentos poco conocido para los funcionarios de la 4T.