A PAGAR EL DESACATO

El desacato en que cayó la 75 Legislatura del Congreso local al No suspender la sesión donde se llevó a cabo el procedimiento de remoción del Auditor Superior de la Entidad, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, ya tuvo consecuencias administrativas.

El juzgado séptimo de distrito admitió el recurso de incumplimiento de la suspensión y requirió al Congreso michoacano que presente el informe respectivo en un plazo de tres días.

El Congreso fue apercibido que de no hacerlo, recibirá una multa equivalente al valor de 100 de la Unidad de Medida y Actualización y para ello se fijó la audiencia para el próximo 13 de junio.

Además, el Juzgado no dio trámite a un recurso presentado por el Congreso en contra de la suspensión provisional dictada por un juez federal el pasado 25 de mayo, porque no cumplió con los requisitos legales.

Pese a que el juez dictó la suspensión provisional del proceso Legislativo en el que fue destituido el Auditor, la presidenta de la Mesa Directiva, la morenista Julieta García, negó haber recibido la notificación.

Ya anteriormente la legisladora local, Adriana Hernández Íñiguez, había reconocido que la sesión extraordinaria para aprobar la destitución de Miguel Ángel Aguirre Abellaneda como titular de la Auditoría Superior de Michoacán, estuvo plagada de irregularidades y fue una total violación a la ley orgánica y de procedimientos del Congreso del Estado.

Aseguró que, más allá del documento de amparo que emitió el Juez Séptimo de Distrito en materia federal, hubo flagrantes violaciones a la Ley del Congreso del Estado, desde la propia convocatoria a la sesión extraordinaria, la cual, no fue emitida por la presidenta del Congreso michoacano.

Pésimo y vergonzoso antecedente deja la Legislatura local al no atender una orden girada por un juez federal, aún peor si tampoco se respetaron las disposiciones legales que rigen al Congreso para realizar una sesión.

Si los diputados no respetan la ley, no esperemos que ninguna otra instancia gubernamental lo haga.

Es tiempo que la ciudadanía les exija a los legisladores que se conduzcan con rectitud y legalidad y que no permitamos que sus prioridades políticas pongan en segundo término los derechos de los ciudadanos.