SE ABRE POSIBILIDAD DE DESPENALIZAR ABORTOS

En un tema siempre controversial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la posibilidad para despenalizar el aborto en todo el país. La Primera Sala consideró recibir todo amparo que se presente sobre el tema, ya que las normas que penalizan el aborto constituyen un escenario adverso para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

Según la Corte, ser mujer es motivo suficiente para poder reclamar mediante juicio de amparo la inconstitucionalidad de artículos que penalicen el aborto en lugares donde se aplique a las personas quejosas. Determinó ayer la Primera Sala de la Corte.

Esta situación, sienta un precedente jurídico qué, mediante amparos, ya no se tendría que esperar a que los congresos estatales legislen al respecto.

La Corte enfatiza que las normas que penalizan el aborto, inciden en el significado cultural y social de los derechos de las mujeres, contribuyendo a construir un imaginario social adverso para el ejercicio de sus derechos humanos.

Los Ministros que integran ésta Sala, deliberaron que las normas que penalizan el aborto limita el acceso de las mujeres y personas con capacidad de gestar a una debida protección de sus derechos humanos a la autonomía reproductiva, a la vida, a la no discriminación, la salud y la integridad personal.

En Michoacán por el momento, el aborto de manera voluntaria por decisión propia de la mujer no es legal, pero su ley establece que las mexicanas tienen derecho a interrumpir un embarazo en varios causales.

Estos se refieren a un accidente; por caso de violación; por una inseminación artificial no consentida; cuando la vida de la mujer corra peligro de seguir el embarazo, y cuando se diagnostiquen malformaciones fetales graves.

Hasta el 2019, nuestra entidad era uno de los estados con mayor número de muerte materna por abortos, la cual aumentó hasta un 36 por ciento por complicaciones durante el embarazo, partos o abortos clandestinos.

Especialistas del sector salud refieren que Michoacán es una de las entidades más excluyentes de la responsabilidad económica y social hacia las mujeres que se les ha negado la posibilidad de interrumpir legalmente un embarazo por circunstancias que ponen en riesgo su vida.

Ya es hora que las mujeres decidan sobre su cuerpo y su futuro reproductivo, es un derecho que no se puede ni debe cuestionar.