HÉROE O VILLANO

Hay un presidente en Latinoamérica que su pueblo lo llama un superhéroe y que posee la aceptación de casi la totalidad de sus gobernados, las drásticas medidas que ha adoptado para frenar la violencia, los asesinatos y la ausencia del Estado de Derecho, lo han hecho respetado, temido y duramente criticado por el trato que da a los criminales, a quienes combate y persigue en una lucha sin cuartel.

El Salvador ha tenido múltiples cambios positivos en los tres años de gestión del Presidente Nayib Bukele, por eso, la población sigue dando un apoyo masivo al Gobernante y, además, inversionistas y turistas ratifican los avances logrados.

Esta pequeña nación centroamericana siempre ha estado ligado a golpes militares; a la guerra civil; a masacres y a graves violaciones de Derechos Humanos; a la violencia delincuencial de las maras, quienes se habían apoderado casi por completo de todas las actividades del país, hasta que llegó al poder un presidente que hizo de su combate a las Maras, la prioridad de gobierno.

El presidente lleva ya varias acciones con los que se ha desligado de sus predecesores y donde ha mostrado que está dispuesto a todo por pacificar a El Salvador y acabar con la pobreza que lo azota.

Como ejemplos, están su ingreso con soldados fuertemente armados al Congreso para presionar por un préstamo; instauró el Bitcoin como moneda de curso legal; estableció un régimen de excepción con el que redujo los históricos niveles de homicidios y, de paso, encarceló a miles de personas acusadas de pertenecer a las pandillas de las maras; además, y con los votos de sus aliados, cambió la división político-administrativa del país.

Pero de todas sus iniciativas, la lucha frontal contra las pandillas generadoras de violencia ha sido la que ha obtenido mayores resultados positivos y al mismo tiempo, el rechazo de la comunidad internacional por la violación a los Derechos Humanos de los criminales detenidos, con quien no tiene ninguna consideración.

Bukele asegura que todos estos pandilleros perdieron sus derechos cuando cometieron crímenes contra salvadoreños inocentes.

Ya van más de 60 mil detenidos, según las cifras del Gobierno, desde que arrancó en marzo pasado el régimen de excepción. La suspensión de garantías constitucionales incluye las detenciones sin justificación y la rebaja de 16 a 12 años de la edad para imputar delitos penales en el caso de niños vinculados a las pandillas.

La incomunicación total con el exterior, incluidos abogados y familiares, juicios virtuales sin intervención de testigos y, en general, un proceso plagado de opacidad e irregularidades, es el trato que reciben los detenidos, además de alimentarlos únicamente con frijoles y tortillas.

Organizaciones de Derechos Humanos han denunciado que apenas un tercio de los detenidos tienen vínculos comprobados con las pandillas. El resto, afirman, son producto de una campaña de limpieza social para ganar puntos de cara a las elecciones del año que viene.

La guerra extrema contra las mafias ha logrado debilitar a las dos principales organizaciones criminales, la Mara Salvatrucha y Barrio 18.

Al mismo tiempo, la estrategia electoral le está funcionando al presidente, que registra los mayores niveles popularidad de un mandatario desde la vuelta a la democracia a principios de los noventa tras la sangrienta guerra civil.

¿Será que a veces es necesario esos gestos autoritarios para combatir la criminalidad en lugar de ofrecerles abrazos y buenos deseos?