DE INTERÉS PÚBLICO: TODOS CONTRA EL JUEZ

La política ha dejado de ser de ideales, para convertirse en una de programas.

Enrique Tierno Galván (1918-1986) Político español

No es fácil entender que un juez deje en libertad a civiles que la Policía había detenido y que, todo apuntaría, habría elementos para asumirlos como delincuentes.

El fin de semana la Guardia Civil detuvo en La Ruana, la emblemática tenencia de Buena Vista, a veintiséis civiles por la presunta comisión del delito de ser portadores de armas de uso exclusivo del Ejército. Esos civiles habían venido movilizándose para conformar una especie de auto defensas en su tenencia, pero sin portar armas. Un arsenal de ellas fue descubierto por la Policía Estatal en las oficinas de la tenencia, y le atribuyó su propiedad a los inconformes. Los detuvo y el ministerio público federal pretendió vincularlos a proceso.

Empero, el juez federal que conoció del caso, determinó la no vinculación a proceso, dejándolos por ende en libertad. El gobernador Ramírez Bedolla reaccionó con una severidad no común en él, pero que ilustra su indignación: afirmó que los jueces federales no están a la altura de las exigencias de justicia en el país y que son una élite a la que hay que cambiar, muy en el tono lopez obradorista.

Puede entenderse la indignación del gobernador, pero no justificarse. La liberación de los veintiséis civiles de La Ruana no significa que no puedan ser delincuentes, pero sí que el ministerio público federal no tuvo la capacidad para acreditar su acusación en contra de ellos. El armamento no fue descubierto en su posesión y la presunción de que les pertenecía no fue probada. En esa lógica, el juez hizo lo que tenía que hacer: no vincularlos a proceso y dejarlos en libertad. Haberse ceñido a la demanda del MP hubiera sido contrario a la ley y al espíritu de justicia. Un juez solo tiene permitido tomar sus decisiones con base en una carpeta de investigación. Nada que no esté contenido en ella puede ser tomado en cuenta.

Y es que tan peligroso e injusto es dejar en libertad a un delincuente, como meter en la cárcel a un inocente. Menuda responsabilidad la de un juzgador. Me parece injusto mandarle la caballería encima al juez que tomó esa determinación, solo porque no fue políticamente correcto. En todo caso, habrá que exigir más profesionalismo y acuciosidad al ministerio público, no irnos por el camino fácil de achacarle la responsabilidad exclusivamente al juez.

Y a la pesadilla ya solo le quedan 376 días.

X@jaimelopezmtz