DE INTERÉS PÚBLICO: EL SOFTWARE DE LA CORRUPCIÓN

Oponerse a la corrupción en el gobierno, es la obligación más importante del patriotismo:

Edward Griffin (1931-?) Escritor estadounidense

Un escándalo de evidente corrupción marcó a la anterior Legislatura michoacana, la 75: “compró” un software en casi seis millones de pesos, supuestamente para instaurar el voto electrónico de los diputados. El dinero se transfirió al proveedor, pero el software nunca llegó. Así de sencillo. Y tres años después, nadie sabe qué pasó, qué diputados fueron los responsables del desfalco, por supuesto no hay sanción para nadie ni mucho menos hay alguien en la cárcel. La impunidad en su magno esplendor, pues.

Y ahora, la actual Legislatura ha retomado el tema, no el de la búsqueda de responsables para sancionarlos y que reintegren el dinero, sino el de comprar otra vez un software con el mismo fin: el voto electrónico.

Lo sucedido en la anterior Legislatura tiene todo el sello de la típica compra de insumos con dinero público, en la que quien autoriza se lleva una buena tajada. Por el monto, puede deducirse que mínimo alguien o algunos se embolsaron un par de millones de pesos.

Ética y moralmente, el actual Congreso está impedido de volver a comprar un implemento tecnológico, si antes no se castiga al o los responsables del robo de hace tres años.

No tengo la convicción de que un Congreso tan pequeño como el michoacano, con apenas cuarenta diputados (sin contar que nunca se reúnen todos), requiera adquirir el insumo tecnológico para el voto electrónico. Pero si se justificara, aún así no puede darse ese paso hasta que no esté en la cárcel el diputado o el funcionario que defraudó al propio Congreso.

Puedo no estar de acuerdo con las posiciones políticas o ideológicas de Fabiola Alanís, analista de Respuesta desde hace quince años y hoy presidenta de la Junta de Coordinación Política de la actual Legislatura, pero me consta su honestidad intelectual y material. Bajo esa tesitura, ella debe frenar la compra de otro software, repito, hasta que no se sancione la corrupción que rodeó a la adquisición del mismo insumo hace tres años. Si eso sucede, ya se verá si se justifica el gasto con ese fin. Antes no es ético erogar millones para ello. Alanís Sámano debe ordenar frenar el proceso para enviar una señal de que este Congreso no es igual de corrupto que su antecesor. Veremos. X@jaimelopezmtz