DE INTERÉS PÚBLICO: EL FLAGELO LLAMADO EXTORSIÓN

Si la justicia existe, debe ser para todos; de lo contrario ya no sería justicia

Paul Auster (1947-?) Director de cine norteamericano

Es loable que los diputados locales hayan modificado el marco legal para ampliar la penalidad para extorsionadores, así como para facilitar denuncias anónimas, lo que ha originado que repentinamente se eleve el número de ellas y, por ende, el de investigaciones judiciales. De ello dieron cuenta este lunes el gobernador Ramírez Bedolla y el fiscal estatal Adrián López Solís.

Se trata de uno de los delitos que ha crecido de manera exponencial en los últimos años en Michoacán, como en todo el país, fundamentalmente por la facilidad para cometerlo, la corrupción en las instancias policiales y la laxitud de las leyes al respecto. Pero de todos esos factores, uno sobresale: la impunidad.

Es un círculo vicioso: casi ninguna víctima denuncia cuando es objeto de extorsión, porque no confía en la Policía o por temor a sufrir alguna represalia. Y como no hay denuncia, las fiscalías no investigan. Y por si fuera poco, una buena parte de las extorsiones surten efecto. Y todavía pero aún: en los poquísimos casos en que se llega a detener a extorsionadores, éstos suelen salir rápidamente de prisión, porque al no haberse consumado la extorsión -caso contrario no estarían detenidos- no hay delito que perseguir. Así de aberrante es el marco legal. Es, pues, el negocio ideal para los delincuentes.

El aumento en la penalidad y, sobre todo, la flexibilidad para que la Fiscalía estatal reciba denuncias anónimas, son pasos importantes pero claramente insuficientes para combatir con eficacia el delito. Como en tantas otras cosas, la condición sine qua non es avanzar en el combate a la corrupción. En efecto, es un hecho que los cárteles dedicados a la extorsión mantienen firmes vínculos con policías de todos los niveles y agentes del Ministerio Público, lo que no solo impide avances en el combate al flagelo, sino que inevitablemente pibe en riesgo la seguridad e integridad de las víctimas.

Ahí es donde tanto el gobierno como la Fiscalía local deben apretar tuercas con sus respectivas policías. Es una tarea titánica dado el nivel de corrupción policial que se mantiene vigente, pero en algún momento alguien debe asumir el reto. Es de esperarse que así lo dimensionen Bedolla y López Solís. Veremos.

Y a la pesadilla ya solo le quedan 436 días.

twitter@jaimelopezmtz