DE INTERÉS PÚBLICO: ARGUMENTOS JUDICIALES EN EL FILO DE LA NAVAJA

Características de un juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente

Sócrates (470 a.C. – 399 a.C.) Filósofo griego

Las decisiones que toman los jueces al impartir justicia son, por obligación, polémicas, porque siempre habrá la parte favorecida que las avale, y la parte contraria, que las fustigue. No es fácil ubicar algún escenario en el que víctima y victimario, ofendido y ofensor, salgan conformes con un juicio.

Este martes, Alejandro Bibriesca, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ha emitido una sentencia polémica en grado sumo, no fácil de asimilar, al reducir la sentencia de cincuenta a cuarenta y tres años de prisión que un juez de control había decretado para Diego Urik Mañón Melgoza, por el feminicidio en agravio de la joven Jessica González.

La decisión de Bibriesca produjo airadas protestas de colectivos feministas y obviamente de la familia de Jessica. El propio gobernador Ramírez Bedolla se sumó a la crítica, al advertir que el STJE debe revisar el accionar del magistrado. Y es que no es un caso más: el feminicidio ha acaparado una inusitada atención de la opinión pública local y hasta nacional desde 2020 en que tuvo lugar. La sentencia del juez de control se dio en febrero de 2023 y ante un recurso de revisión interpuesto por la defensa de Mañón, correspondió al magistrado Bibriesca evaluar el caso. Ratificó la sentencia condenatoria pero la redujo en el número de años.

El argumento para ello tiene dos vertientes básicas: una, la edad del homicida; hay criterios de justicia internacional que advierten que el Estado debe actuar con ciertas consideraciones con jóvenes delincuentes, por el hecho de que precisamente por su edad, son potencialmente más susceptibles de readaptarse socialmente.

Y dos, que cuando hay penas mínimas y máximas para algún delito, de entrada el juzgador debe ir por la menor, salvo que haya argumentos y factores sólidos para aplicar la pena mayor. El juez de control le aplicó a Mañón la máxima pena vigente al momento del delito, cincuenta años. A juicio de Bibriesca, el juez no justificó porqué fue por la pena mayor, en lugar de la menor, como marcan los tratados internacionales.

En sentido contrario, las críticas hacia la resolución del magistrado se centran en el riesgo de que sea solo un primer paso para ir reduciendo paulatinamente la sentencia a Diego Urik: iniciaría en 41 años, por los dos que ya lleva encarcelado, y como muchas veces sucede, a mediano plazo la defensa puede ir solicitando disminuciones por buena conducta, por readaptación social o por diversas razones, y en un momento determinado, argumentan los críticos, resulta que a los diez años estaría quizá fuera de prisión, lo cual solo abonaría al escenario de impunidad que campea en México para los delincuentes.

En redes sociales y en medios de comunicación, no bajan al magistrado de corrupto, bajo la acusación de que su decisión fue producto del dinero ofrecido por la familia del sentenciado. No tengo ningún elemento para sumarme a dicha acusación. No me consta en absoluto que en esta resolución haya mediado un acto de corrupción. Por tanto, me parece que la sentencia de Bibriesca debe analizarse estrictamente a la luz de los fundamentos jurídicos.

En lo particular me deja un mal sabor la determinación del magistrado, me parece que alimenta el sentido de injusticia y de impunidad, pero no puedo sumarme a su linchamiento, porque podemos no estar de acuerdo con las sentencias de un juzgador, pero a menos que se pruebe que son producto de corrupción, deben entenderse como la visión que ese juez tiene respecto de la aplicación de la justicia.

En todo caso, hay instancias superiores a las que seguramente los abogados de la familia de la joven Jessica, recurrirán para tratar de revertir la reducción de la sentencia para su asesino. La justicia federal determinará si Bibriesca actuó justa o injustamente. Mientras tanto, conviene a todos una dosis de mesura y de ecuanimidad. Esperemos la resolución final del poder judicial federal.

Y a la pesadilla ya solo le quedan 328 días.

X@jaimelopezmtz