VOX MORELIA 103.3 FM
La metralla de irregularidades en la Universidad Virtual no para: a la denuncia de equivalencias curriculares más elevadas a las autorizadas por la ley para facilitar posgrados a 34 alumnos, entre ellos el rector y varios de sus colaboradores, ahora se suman varias más.
Primero, que los trámites de dichos posgrados no fueron pagados por los beneficiados, sino por la institución que absorbió los costos por entero, porque no hay registro de ingreso monetario alguno al área administrativa de la universidad por ese rubro.
Segundo, más grave aún, que en la mayor parte de esos treinta y cuatro casos denunciados por el sindicato de trabajadores, no hay documentación oficial que acredite que los alumnos que solicitaron la equivalencia de materias, hayan cursado éstas en otras universidades.
Y tercero, la sospecha de que un supuesto hackeo de que habría sido víctima la Universidad Virtual en su programa de control escolar en diciembre del año anterior, en realidad sería un auto sabotaje ordenado por las autoridades, con el fin presumiblemente de desparecer todo vestigio del amplio abanico de irregularidades denunciadas por los propios trabajadores.
Fuentes oficiales de la institución, que hablaron con RESPUESTA a condición del anonimato, expusieron que además del señalamiento inicial de que se han violado los reglamentos en materia de porcentaje de equivalencias de materias permitido para cursar un posgrado, ahora se han sumado las diversas irregularidades ya señaladas, sin que nadie esté tomando cartas en el tema para corregirlas.
El rector David Mendoza Armas, y la directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa, comisionada por el gobernador Ramírez Bedolla para indagar dichas irregularidades denunciadas por el sindicato, siguen aferrados a negar todos esos señalamientos, pese a que se ha comprobado, por ejemplo, que Mendoza Armas obtuvo su grado de doctor en la misma Univim, auto avalándose una equivalencia de materias del cien por ciento, cuando él había asegurado en VOX 103.3 que el máximo permitido por la ley es del ochenta por ciento.
No puede olvidarse tampoco que Mariana Sosa es simultáneamente alumna del doctorado en la misma institución que ahora investiga, aunque ella niega que tal escenario signifique un conflicto de interés.
Escrito por Jaime López Martínez
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