Autoridades piden a la SCJN, no eliminar detención preventiva oficiosa

Esta solicitud se fundamenta en la preocupación de que, su eliminación pondría en riesgo la seguridad nacional

En una declaración conjunta, autoridades de procuración de justicia a nivel nacional y local, junto con el gobierno del Estado, urgieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a no eliminar la Detención Preventiva Oficiosa, esta solicitud se fundamenta en la preocupación compartida de que, su eliminación pondría en riesgo la seguridad nacional.

Durante la sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Germán Adolfo Castillo Banuet, representante del procurador de Justicia nacional, subrayó que la eliminación de la detención preventiva oficiosa tendría un impacto negativo en la seguridad nacional al permitir que los delincuentes regresen a las calles.

«Y en particular por la vigencia del Artículo 19 Constitucional, que establece la Detención Preventiva Oficiosa que pretenden sea anulada, por lo que conminamos a la Suprema Corte de Justicia a la Nación, que respecto a dicha medida cautelar antes de resolver los asuntos sobre lo que este tema tiene, tomen en cuenta en cuenta diferentes aspectos, la detención preventiva oficiosa, cumple con un deber del Estado, de protección de las víctimas, ofendidos, testigos y de la propia sociedad», manifestó.

El jefe del Ejecutivo Estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, se sumó a estas declaraciones, destacó que, la abolición de esta herramienta jurídica podría resultar en la liberación de más de 65 mil delincuentes en el país, incluyendo aproximadamente 6 mil en el estado de Michoacán.

«Es difícil mantener el esfuerzo de la procuración de justicia, para que la Suprema Corte libere a 65 mil delincuentes, está en riesgo la seguridad nacional, no la seguridad pública, sino la seguridad nacional, por eso mi llamado esta reunión mantenga la unidad, con el principio básico elemental y firme de cero impunidad», llamó.

Esta petición conjunta resalta la preocupación compartida por parte de las autoridades de procuración de justicia a nivel nacional y local, así como del gobierno estatal, sobre los posibles riesgos que conllevaría la eliminación de esta medida jurídica fundamental.