Alzan la voz comuneros de la Sierra-Costa para exigir localización de activistas desaparecidos y avance en investigaciones

Denuncian que Ostula es objeto de ataques de grupos armados, por lo que piden presencia militar y se levante un listado de desaparecidos

Habitantes y activistas de la comunidad de Ostula exigieron de nueva cuenta que los gobiernos tanto estatal como federal establezcan mesas de trabajo con las comunidades de la Sierra-Costa para atender la crisis de seguridad en esa región de Michoacán.

En rueda de prensa este martes el colectivo Buscando a Pelayo demandó, de entrada, la localización con vida del profesor rural y ambientalista José Gabriel Pelayo Salgado, desaparecido desde el 19 de marzo de 2024, quien era originario de Coahuayana y conocido por su trabajo como docente y defensor ambiental. La última vez que fue visto viajaba en su camioneta por la zona y desde entonces no se supo nada de él. Los denunciantes aseguraron que la Fiscalía General del Estado no ha presentado avances significativos en su búsqueda ni en la investigación, lo que atribuyen a la falta de compromiso de las autoridades y a la inseguridad en la zona.

Los activistas también denunciaron la violencia sistemática que enfrentan las comunidades de la región Sierra-Costa de Michoacán, afectadas por grupos armados que, aseguran, operan impunemente mediante ataques recurrentes de esos grupos armados, quienes utilizan explosivos y armas de grueso calibre para intimidar y desplazar a los habitantes porque les quieren despojar. Además, señalaron que esto es aprovechado por empresas con fines extractivistas en una situación de despojo y desplazamiento forzado.

“Es inaceptable que nuestras comunidades sigan viviendo bajo el asedio de grupos delincuenciales, mientras las autoridades argumentan el difícil acceso geográfico para justificar su inacción”, señaló el vocero que leyó hoy aquí el pronunciamiento.

Levantaron la voz para exigir la instalación de retenes militares y puestos de vigilancia permanentes

por las fuerzas de seguridad pública, pero que actúen conforme a derecho respetando los derechos humanos para garantizar la seguridad de la región “cosa que está muy ausente”, como que la FGE investigue los hechos delictivos y presente avances en las investigaciones para garantizar el acceso a la justicia de las personas defensoras de los derechos humanos y de la población en general. Así también demandan la creación de una base de datos de activistas y ambientalistas desaparecidos.

Sus demandas incluyen que se respete la autonomía de la comunidad de Ostula ubicada en la costa Michoacana y de sus tierras comunales, de las cuales pretenden despojar a los pobladores y a sus propiedades originales “por medio de un proceso jurídico lleno de irregularidades”, y por lo cual han debido defender los activistas, varios de ellos desaparecidos hoy, por lo cual también han clamado que se esclarezcan los casos de asesinatos de comuneros y se continúe con la búsqueda de los que al día de hoy siguen desaparecidos.