Consejeros del INE serán multados por incumplimiento de suspender elección judicial

Hay “muchas dudas” e inconsistencias como complicaciones, dice por su parte vocal ejecutivo de Junta Local de Michoacán

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral enfrenta la advertencia de multas individuales de hasta 50 mil pesos para cada uno de sus consejeros, debido al incumplimiento de órdenes judiciales que mandatan suspender la organización de las elecciones judiciales. Situación ante la cual el órgano electoral decidió mantenerse sin sesionar hasta recibir una resolución definitiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre cómo proceder.

Según lo publicado por el diario Milenio este día, el Consejo General, en su primer día de regreso tras un receso de dos semanas, acordó responder de manera conjunta a las advertencias judiciales, y los consejeros han argumentado que desde la primera suspensión recibida, el INE ha detenido sus actividades y no planean reanudar ni tomar ninguna decisión hasta que el TEPJF aclare los límites de sus atribuciones en este proceso.

Además de postergar la reunión pendiente entre el INE, el Senado y representantes de los tres poderes, el Consejo también instruyó a su Secretaría Ejecutiva para que continúe con las apelaciones ante el Poder Judicial, para protegerse de posibles sanciones, ya que las suspensiones judiciales incluyen advertencias de multas y penas de prisión.

A inicios de octubre, el INE recibió 70 suspensiones judiciales que frenaban su nuevo mandato de organizar elecciones para cargos judiciales, lo que derivó en un receso temporal. Esta pausa, que implicó la suspensión de todas sus actividades, buscaba obtener orientación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque algunos consejeros advirtieron que la Sala Superior del TEPJF podría no tener jurisdicción sobre decisiones de jueces de Distrito.

Durante este receso, el INE recibió notificaciones adicionales de multas.

Al respecto, la Junta Local del INE en Michoacán tiene dudas ante el escenario complejo que representaría la reforma judicial y su aplicación en Michoacán y el país, por lo que el vocal ejecutivo David Alejandro Delgado Arroyo, ha declarado que para llevar a cabo este proceso se necesitará el doble de lo que se gastó en la elección del 2 de junio que fue de 9 mil millones de pesos.

Además, definió que el proceso de elección se haría para seis cargos diferentes en el Poder Judicial Federal, es decir, ministros, magistrados del Tribunal Electoral, magistrados de las Tribunales Colegiados de Circuito, jueces de Distrito, además de jueces en materia laboral, por lo que se tiene una situación complicada, expuso, ya que en el último proceso solo hubo tres elecciones: presidente, diputado federal y senadores.

Delgado Arroyo añadió que hay una complicación adicional ya que esta elección popular contempla también por especialidad ya que hay jueces civiles, penales, administrativos y laborales, de control y penales, y por cada especialidad habrá una boleta, lo que eleva el número de urnas que se requieren.

Hay muchas dudas, insistió el funcionario electoral.

Puntualizó que otro escenario son los tiempos, ya que una reforma de este tipo exige que al menos se tenga un año y medio de preparación, pero la premura de quienes aprobaron la reforma judicial los obliga a ajustarse y las muchas dudas se tienen que resolver sobre la marcha.

Amén de que en la logística que deben seguir los secretarios y escrutadores en cada casilla, el cuestionamiento es si se necesitarán más escrutadores. Más no solo es contabilizar un candidato, sino que viene una boleta con 81 candidatos.