Analiza Congreso del Estado incrementar penas a servidores públicos que contribuyan a encubrir feminicidios

Según datos del INEGI, en el año 2020 se registraron 967 feminicidios en el país

El Congreso del Estado analiza una iniciativa con proyecto de decreto, para aumentar hasta una mitad la pena impuesta, cuando servidores públicos, participen de forma indirecta o directa para cubrir un feminicidio.

La iniciativa presentada por la diputada Mónica Lariza Pérez Campos, indica que, se deben adicionar diversas fracciones y párrafos al Código Penal, para imponer castigos ejemplares a todo servidor público que, en lugar de cumplir con su función de esclarecer un crimen, contribuya a que, permanezca en la impunidad.

La propuesta específica que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2020 se registraron 967 feminicidios en el país, un aumento significativo con respecto a años anteriores.

Entre las causas y los factores subyacentes que consideraron contribuyen al incremento de la tasa de feminicidios, es la cultura machista arraigada en la sociedad mexicana, que se refleja en actitudes y comportamientos que perpetúan la violencia de género.

Así como, la cosificación de las mujeres en los medios de comunicación, la publicidad sexista y la discriminación en el ámbito laboral son solo algunos ejemplos de cómo se manifiesta esta cultura machista.

La impunidad es otro factor crítico que permite que los feminicidios continúen. Muchos casos quedan sin resolver o son mal investigados, lo que envía un mensaje de tolerancia hacia la violencia de género. Las víctimas y sus familias a menudo enfrentan obstáculos en su búsqueda de justicia, lo que perpetúa la sensación de desamparo.

Así, los delitos cometidos contra las mujeres en razón de su género, toman mayor impacto, cuando son las propias autoridades de su persecución y prevención, participan en el encubrimiento o en actos encaminados a que permanezcan en la impunidad.

Por tanto, consideró urgente y necesario, incrementar las penas a aquellos servidores públicos encargados de brindar seguridad y protección que, en el ejercicio de sus atribuciones, ejecuten actos de manera deliberada para desviar u obstaculizar la investigación de un hecho delictuoso cometido contra una mujer en razón de género, para favorecer al sujeto activo del hecho con apariencia de delito.