Reclaman comuneros de San Matías, comunidad de Hidalgo, a edil acatar resolutivo de TEEM sobre su autogobierno

Que alcaldes, como éste emanado del PT, que se oponen a la entrega del presupuesto directo a comunidades, sean investigados de oficio ante presunción de peculado, exigen

El presidente del Comisariado de Bienes Comunales, de San Matías, Hidalgo, Germán Martínez Figueroa, proclamó que, en apego a derecho, los pobladores de su comunidad determinaron autogobernarse y, que en caso de ser necesario, darán la batalla jurídica, incluso por la vía penal.

Responsabilizó al presidente municipal José Luis Téllez Marín, de amenazas y comentarios pretendiendo intimidarles para que cesen en su propósito de acceder al presupuesto directo, que, de acuerdo con su índice poblacional, es por el orden de los 15.4 millones de pesos.

Ello en rueda de prensa este Lunes junto a miembros del Consejo Autónomo de gobierno de San Matías, Hidalgo, en que exigieron al presidente municipal acatar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, y que deje de obstaculizar la entrega de su presupuesto directo.

Adheridos al Consejo Supremo Indígena de Michoacán, dejaron claro en voz de Martínez  Figueroa que no esperan que el edil se quede de brazos cruzados y cumpla, sino que advierten más obstáculos a la determinación de la comunidad, que fue expresada en consulta realizada por el Instituto de Michoacán desde Enero pasado.

Pavel Ulianov Guzmán Macario, vocero del Consejo Supremo, recordó que el pasado Viernes el Pleno del órgano colegiado resolvió el juicio TEEM-JDC-025, en que se ordenó al presidente municipal de Hidalgo que en un plazo no mayor a seis días convoque al Cabildo para que se proceda a autorizar a la Secretaría de Finanzas de Gobierno de Michoacán, la transferencia del presupuesto directo a San Matías.

El representante legal de la comunidad, Raymundo Ortiz Martín del Campo, refirió la relevancia de la sentencia del TEEM a favor de la comunidad otomí de San Matías, y propuso que munícipes como el citado y que viene del Partido del Trabajo, que se oponen a la entrega del presupuesto directo a las comunidades, sean investigados de oficio por la autoridad competente, ante la presunción de peculado.